El STEC-IC exige avances en la asistencia jurídica y psicológica para el profesorado en caso de agresión

El STEC-IC exige avances en la asistencia jurídica y psicológica para el profesorado en caso de agresión

En el día de ayer, lunes 4 de febrero, se desarrolló una Mesa Técnica de trabajo, convocada por la Consejería de Educación, sobre el borrador de la Orden que regulará la asistencia jurídica y psicológica al profesorado agredido.

El STEC-IC siempre se ha significado por trabajar, en un asunto tan comprometido como este, desde la discreción y la eficacia. Por ello nuestra intervención comenzó demandando responsabilidad para no crear alarmismos, que en ocasiones dificultan la resolución de los casos de agresiones al profesorado, cuando no generan mimetismos que provocan la reproducción de esta conducta absolutamente rechazable.

Desde el STEC-IC pretendemos erradicar este tipo de comportamientos y por ello hemos actuado discretamente en los numerosos casos que hemos tenido que resolver con los recursos de nuestra organización. Así, cuando algún docente ha contactado con nosotros siendo víctima de violencia, física y/o verbal, hemos puesto a su disposición nuestros servicios jurídicos y demás recursos infraestructurales, notificándolo a la Dirección Territorial de Educación para que activen los protocolos de protección.

En el marco de la mesa técnica de ayer el STEC-IC demandó celeridad en el contacto con el profesorado agredido y reclamó la asistencia psicológica y jurídica que la situación requiere. Insistiendo que esta asistencia ha de ser gratuita, realizada por profesionales cualificados y especialistas desde el punto de vista jurídico, con abogados expertos en la materia y psicólogos que posean experiencia en paliar las graves secuelas que las agresiones infunden al profesorado por su carácter vejatorio y humillante que afecta tanto al ámbito docente como personal.

Así mismo, exigimos que esta actuación protectora por parte de la administración no se circunscriba solamente a su integridad física y psicológica si no que se amplíe también en caso de daños que afecten a sus propiedades y a su patrimonio.

Realizamos aportaciones importantes al borrador desde el punto de vista preventivo, en el sentido de demandar de la Consejería de Educación una ampliación del número de educadores sociales en aquellas zonas y centros donde la crisis económica ha propiciado la desestructuración de las familias, que afectan de manera directa al comportamiento del alumnado. Por ello, también de manera preventiva, demandamos que los 36 educadores sociales existentes, para toda Canarias, es un número bastante limitado que no atiende a las necesidades reales de los centros educativos. Dentro de estas medidas preventivas cabe destacar que el STEC-IC también insistió en el papel que ha de tener la administración cuando se detectan insultos o menosprecios a los docentes que se producen en redes sociales y grupo de WhatsApp, que en ocasiones crean el caldo de cultivo necesario para posteriormente agredir al profesorado tanto física como verbalmente.

Por último, pedimos a la Consejería de Educación que facilite el contacto del profesor/a agredido con la administración para dar cuenta de su situación y de la activación inmediata la respuesta psicológica y jurídica. En este aspecto nos parece pertinente la elaboración de una guía,que se distribuya en los centros educativos, para el cabal conocimiento de lo que ha de hacer el profesorado afectado.



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